“Los jueces de la Suprema Corte son operadores políticos”

Siente que fracasó el nuevo fuero contencioso administrativo. Afirma que perdió el efecto de controlar al poder porque el máximo tribunal bonaerense le cercenó la competencia. Habla de la falta de independencia del Poder Judicial y de la escasez de transparencia en la elección de los jueces



Como pocos o casi ningún juez en la Provincia, Luis Federico Arias no se calla nada. Y eso que sabe de las consecuencias: ya intentaron iniciarle un proceso de jury. Es el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata, y en diálogo con Hoy analiza el servicio de justicia bonaerense cuestionando el sesgo político y la falta de independencia de la magistratura, los peligrosos juegos con el poder, los fallos a conveniencia y el poco transparente mecanismo de selección de jueces con postulantes “besa manos”.
Arias sostuvo que con la sustracción de competencias por parte de la Corte donde hay situaciones políticas implicadas, con la negativa de ciertos tribunales administrativos para ser juzgados en primera instancia y con distintos per saltum como el caso Scioli, “han dado como resultado que los fueros contencioso administrativos se hayan convertido en juzgados de ejecuciones fiscales”, perdiendo su principal objetivo que era el de controlar al poder político.

-A cinco años del nuevo fuero, ¿cuál es su balance?
-Lo de nuevo depende cómo se lo mire. En cuanto a la organización el fuero ha significado una mayor celeridad y un acercamiento de la jurisdicción a los justiciables porque hay juzgados en todos los departamentos judiciales. Antes, el particular y el abogado tenían que venir a litigar a La Plata, a la Suprema Corte. Eran muchos kilómetros de distancia.
Pero en su contenido, siento la sensación de una suerte de fracaso. Hay decisiones que han significado un retroceso para la ciudadanía en general y creo que no se han logrado avances en cuanto a la independencia de los magistrados: la mayoría de los jueces y las cámaras contencioso administrativas evidencian un marcado compromiso político cuando no, son de extracción política.

-¿Dónde sitúa ese escenario?
-El problema está en el Poder Judicial, comenzando en la Suprema Corte porque sustrae la competencia administrativa donde hay intereses políticos comprometidos como por ejemplo lo que pasó con la Ceamse, desautorizando decisiones de primera y segunda instancia con respecto al relleno sanitario, haciendo el juego político al gobierno para que el relleno siga funcionando tal como quería el gobernador.
Esta acción de desautorizar a las otras instancias es muy grave. Creo que la prensa no ha tomado dimensión de este asunto. No hace una lectura política.

-¿Cuál es su lectura?
-Si esto de la Corte hubiera sucedido en el fuero penal. Imagínese que un juez de primera instancia condena a una persona a 25 años de prisión, la Cámara confirma esa sentencia y vamos a suponer que en vez de 25 lo reduce a 23, en definitiva, va a la Suprema Corte con un recurso extraordinario, donde la discusión es muy limitada, y lo deja en libertad. Sería un escándalo. Eso es lo que sucedió con Ceamse: hubo aplicación de normas que determinaron que ese relleno era ilegal y después la Corte abrió esa instancia que es absurda pero en definitiva tiene un interés político que era que el relleno no se cierre y es lo que ocurrió. El relleno no se cerró.
Además, basta analizar las palabras de Felipe Solá en la última sesión legislativa agradeciendo a la Corte y denostando a los jueces de primera instancia, acusándonos de populistas entre otras cosas. Esto fue una decisión política, no jurídica.

-¿Ese caso en la Corte bonaerense lo visualiza como aislado?
-Ocurre que muchos de sus integrantes no son juristas, muchos son operadores políticos. Hay falta de independencia en la Suprema Corte y también en las cámaras contencioso administrativas.
Sostengo que tiene que haber una depuración del poder judicial. Esta Corte no es como la Corte nacional. Es muy distinta. La cuestión de que se fue Solá y viene Daniel Scioli. La Corte había dicho que las decisiones de la Junta electoral no eran revisables, incluso a mí me hicieron juicio político por eso. Y de buenas a primeras, la Corte cambia de criterio. ¿No es sorprendente eso? Bueno... sacaron primero el caso De Narváez para resolver luego el caso Scioli.
La Corte pasó de decir “las decisiones administrativas no son revisables” a decir “las decisiones son revisables”, de acuerdo a la conveniencia política.
Con Solá no eran revisables: él pretendía tener la reelección en la Junta electoral. Pero con Scioli, son revisables. Y además las revisa directamente la Corte sin pasar por otra instancia.

"El problema está en el Poder Judicial, comenzando en la Suprema Corte porque sustrae la competencia administrativa donde hay intereses políticos comprometidos como por ejemplo lo que pasó con la Ceamse, desautorizando decisiones de primera y segunda instancia..."

-¿Es usual ese salto de instancias?
-La Suprema Corte inventó en contra de su propia doctrina judicial un fallo en el caso Pizagalli. Se trató de un recurso extraordinario no contra una resolución judicial, sino contra un organismo administrativo que es la Junta electoral.
En el caso Pizagalli, la ley había creado un recurso extraordinario de las decisiones del Tribunal de Cuentas. Y la Corte dijo “la ley no me puede asignar a mi competencia y no la tengo asumida por la Constitución”. La declaró inconstitucional y dijo: “El recurso extraordinario debe tramitar por una vía contencioso administrativa”.
En esa época, la Corte tenía la competencia y lo tramitaba. Si hubiera habido juzgado de primera instancia hubiera tramitado allí.
Pero ahora, de pronto, contraria su propia doctrina. No está establecido en ninguna ley, va contra las decisiones de un Tribunal administrativo. Es un absurdo.

-¿Por qué cree que estos temas no están en el debate público?
-Los medios no vieron esto en el caso. Sólo reprodujeron el fallo porque dan por sentado que lo que hace la Corte está bien. Nadie se preguntó por qué no se decidió en primera instancia. Si el gobernador dicta un decreto se decide en primera instancia, si el Presidente echa a un empleado se decide en primera instancia. Para eso están las instancias.
Un problema fundamental es la falta de independencia política de la Suprema Corte que además mediante acuerdos y reglamentos que dicta nos han ido cercenando la competencia en materia de amparos.

-¿Se desdibuja el objetivo inicial del Fuero?
-En vez de ser encargados de controlar el poder político, nos hemos convertido en un mero apéndice de larva de la administración tributaria. El horizonte es cada vez más sombrío, en la medida que se sigan designando magistrados con este sistema como parte del poder político. Es un doble poder de acción. Por un lado, no son transparentes los exámenes en el Consejo de la Magistratura, no hay información suficiente en los concursos y no hay participación de la sociedad civil en una cuestión tan importante como es la elección de los magistrados.
Esta designación entre las sombras es un besa manos constante de los postulantes que tienen que buscar el padrino político para poder acceder al cargo. Y por otro lado, los magistrados lógicamente cada vez más son afines al poder político. Algunos son operadores políticos dentro del poder judicial.
Creo que es normal que el poder político quiera dominar a la justicia, esta en la naturaleza del poder querer mantenerlo, acrecentarlo y reproducirlo pero el poder judicial tiene que crear mecanismos de defensa y de independencia pero eso no se puede lograr si los propios jueces de la Corte no son independientes.
En el Poder Judicial, ese tipo de afirmaciones acarrea inconvenientes…

-¿Avisora una salida?
-Tiene que haber una depuración. El poder judicial en la provincia de Buenos Aires está muy mal porque no ha sabido defender su propia independencia. Y eso no se debe a los jueces de primera instancia. Muchas veces tienen vocación para actuar, pero en este contexto donde la Corte no es independiente, ¿quién se va a animar? Solamente un loco como yo. No estoy apoltronado en mi cargo. Si me tengo que ir me voy. Me he ganado la vida de distintos modos. Pero lo que no voy a hacer nunca es claudicar con mis convicciones.

Perfil
Luis Federico Arias tiene 43 años. Su grupo familiar está compuesto por su mujer y sus dos hijos de 4 y 7 años. Fue designado por concurso en diciembre de 1999. Comenzó a ejercer como juez el 15 de diciembre de 2003, como corolario de una larga batalla para implementar el Fuero Contencioso Administrativo. Obtuvo en el ‘92 el título de abogado. Se especializó en Derecho Administrativo en 1997. Cursó estudios de doctorado en la UNLP. Se dedicó a la profesión libre hasta que asumió como juez. Se desempeñó como consultor en organismos públicos nacionales y provinciales, y como apoderado de municipios.

Javier Navarrete Ibáñez
judiciales@diariohoy.net

www.diariohoy.net, LA PLATA Martes 29 Jul 2008